lunes, 31 de diciembre de 2012

ÁLVARO DE CASTILLA, LAS CONCEPCIONISTAS DE GUADALCANAL - y 12


                       Manuel Maldonado Fernández
                       Revista Guadalcanal año 2012

Desde que tuvo conocimiento de la generosa intención de Fernández Barba, el cabildo llerenense orientó sus esfuerzos para hacerse con los 36.700 escudos que quedaban (552.595 reales de vellón, una vez deducidos los gastos e impuestos considerados anteriormente), razonando ante el Consejo de Hacienda la necesidad que tenía el concejo de hacerse con ese caudal y liberarse de la bancarrota que le acechaba. Dicho razonamiento se concretó en un plan de saneamiento de la hacienda local que, al mismo tiempo, propiciaba el cumplimiento de los fines piadosos y caritativos que Fernández Barba perseguía. Concretamente, acordaron:
- Pagar el principal de la totalidad de los censos que estaban debiendo, levantando así las hipotecas que afectaban a las rentas y propios del concejo. Entre ellos estaba el que tenían establecido con las concepcionistas de Guadalcanal.
- Pagar los réditos, corridos o intereses atrasados.
- Empeñar en favor de la obra pía la dehesa más extensa y productiva de las concejiles, concretamente la del Encinal.
Y fue en este momento y circunstancias descritas cuando momentáneamente cesaron las relaciones financieras entre las concepcionistas de Guadalcanal y el concejo de Llerena. Sin embargo, no duró mucho el distanciamiento pues, como ya hemos adelantado, el concejo de Llerena también tenía deudas pendientes con la hacienda real desde 1640. La documentación consultada sobre este particular nos indica que dicha deuda se ajustó definitivamente en torno a los 900.000 reales (81.818 ducados ó 30.600.000 mrs.), si bien, tras ciertas negociaciones consensuaron rebajarla a sólo 150.000 reales, más otros 41.814 reales que supusieron las dietas y gajes del oficial de la contaduría mayor de hacienda que estuvo en Llerena ajustando la deuda durante nueve meses[1].
Por lo tanto, nuevo agobio financiero para Llerena, cuyos oficiales no dudaron un momento en dirigirse otra vez a las monjas guadalcanalense para solventar la deuda con hacienda, una vez obtenida la real facultad real que les permitiese tomar a censo 180.000 reales, autorización que dio el rey sin ningún tipo de cortapisas, pues en ella le iba el cobro de los 150.000 reales. Naturalmente, a falta de otro deudor más solvente, las monjas prestaron a censo los referidos 180.000 reales, reiniciándose sus relaciones crediticias con el concejo de Llerena, que no cesaron hasta principios del XIX.
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Fuentes: las recogidas en las notas a pie de página




[1] Llerena, como la práctica totalidad de los concejos santiaguista de su entorno, entre los que se encontraba el de Guadalcanal, estaba fuertemente endeudado con la hacienda real en la novena década del XVII, debiendo dinero desde hacía más de 40 años en las distintas tesorerías de los numerosos servicios reales establecidos en este complicado y dilatado espacio temporal (alcabalas, cientos, millones, servicios ordinarios y extraordinarios, donativos, repartimientos, etc.) en el que, entre otros requerimientos fiscales habían mediado el costoso intento separatista catalán (1639-59) y la durísima y exigente guerra de liberación portuguesa (1639-68), con gran estrago y requerimiento en el territorio extremeño.

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