Manuel Maldonado Fernández
Revista Guadalcanal año 2012
Pues bien, el principal acreedor del concejo
llerenense durante el XVII y XVIII siempre fue el convento de la Concepción de Guadalcanal,
que le tuvo prestado a censo una buena parte del dinero que legó Álvaro de Castilla.
El inicio de las relaciones crediticias entre el citado convento y Llerena
(como acreedor y deudor, respectivamente) fue precisamente a cuenta del
esfuerzo de este último concejo por consumir en 1598 los oficios de sus cinco
regidores perpetuos, liberándose de estos oligarcas. Fue Rodrigo de Castilla
Ramos quien en 1601 le prestó 7.575.000 mrs. del dinero que su hermano Álvaro iba
mandando. Sobre este particular disponemos de datos pormenorizados en el
Archivo Municipal de Llerena, que muestran la evolución de dicho préstamo hasta
finales del XVIII. En efecto, según la documentación consultada, a partir de
1639 el concejo de Llerena tuvo constantes y serias dificultades para pagar los
réditos a las concepcionistas. Éstas se acentuaron en dos fechas concretas: en
torno a 1673 y sobre 1692.
En 1673 el propio cabildo llerenense, ante la imposibilidad de
pagar los intereses de la deuda concejil, cuyo principal acreedor era el
convento de las concepcionistas, pidió la aplicación de la ley concursal[1].
Sin embargo, cuando a primeros de 1674[2]
los regidores perpetuos fueron consciente de lo que realmente les suponía
(perder el control sobre las rentas y propios concejiles), tomaron el acuerdo
de negociar ellos mismos con los acreedores y pagarles los intereses con fondos
de sus propias haciendas, dinero que naturalmente recuperaron. En días
posteriores, ajustaron los gastos fijos del concejo, rebajando sus salarios, el
del resto de los oficiales concejiles, así como las partidas dedicadas a
festejos y celebraciones religiosas.
Y los años que siguieron no fueron precisamente más favorables. Especialmente complicada fue la década de 1677 a 1687, durante la
cual, aparte la incesante presión fiscal, apareció un brote epidémico que
coincidió con una climatología adversa. Por
ello, las dificultades de Llerena para asumir los réditos del préstamo con las
concepcionistas nuevamente surgieron en 1692. En efecto, según reconocían sus
propios regidores en la sesión capitular del 15 de octubre de dicho año[3],
se le estaba debiendo al convento de las concepcionistas los réditos o corridos
de varios años, cada uno de ellos a razón de 9.260 reales (315.044 mrs.).
También manifestaron en el citado pleno que el administrador y mayordomo del convento
en repetidas ocasiones les habían amenazado con denunciar tal situación ante
los jueces y oidores de la
Real Chancillería de Granada. Por ello, conscientes de los
inconvenientes y gastos que la consecuente aplicación de la ley concursal
conllevaba, tomaron el acuerdo de arrendar para años sucesivos los
aprovechamientos de la dehesa de Hondo.
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