Manuel Maldonado Fernández
Revista
Guadalcanal año 2012
Álvaro de Castilla murió en 1614. En su testamento del 17 de
septiembre de dicho año tomaba la decisión de fundar, junto con su mujer, doña
María de Loya Menesse, un monasterio de concepcionistas en su villa natal, que
debían instalarse en el claustro colindante al hospital e iglesia ya
construidos. Para el mantenimiento a perpetuidad de sus monjas dejaba unos 20
mil ducados, los que quedaban de los 40 mil que al parecer mandó, una vez
deducidos los gastos de las obras realizadas[1].
Pero un año
después se estableció otro pleito, en este caso por el patronazgo de la
fundación, circunstancia que atrasó hasta 1621 la instalación de las primeras
monjas en el monasterio y su claustro. Se disputaban dicho patronazgo doña
María de Loya y Meneses y su sobrino político, don Rodrigo de Castilla Freyre.
Doña María, enojada con este último al considerar que actuaba y tomaba
decisiones como si fuese el patrón fundador, dio poder a don Pedro de Ayala (un
guadalcanalense que había comprado a perpetuidad el oficio de veedor y obrero
mayor de la Orden
de Santiago; es decir, una especie de juez conservador de los edificios santiaguistas
en su Provincia de León) para que administrase en su nombre dicho patronazgo,
dado que ni ella ni sus hijas tenían intención de avecindarse en Guadalcanal.
Alegaba doña María que su sobrino Rodrigo “era un simple y desnudo procurador
variable (intermediario provisional) para la erección del convento y en ningún
caso su patrono”, por lo que, tras la muerte de su marido, las instituidoras y
patronas deberían ser ella y sus hijas.
El pleito pasó ante la autoridad competente, el
juez eclesiástico ordinario (el prior de la Orden de Santiago en su Provincia de León, que
solía residir en Llerena), quien dio la razón a don Rodrigo, alegando que si
bien no dudaba de que el patronazgo correspondía a doña María, para ejercerlo
era imprescindible su avecinamiento en este reino de Castilla, circunstancia
que no se daba.
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