Manuel Maldonado Fernández
Revista Guadalcanal año 2012
Desde que tuvo
conocimiento de la generosa intención de Fernández Barba, el cabildo llerenense
orientó sus esfuerzos para hacerse con los 36.700 escudos que quedaban (552.595
reales de vellón, una vez deducidos los gastos e impuestos considerados
anteriormente), razonando ante el Consejo de Hacienda la necesidad que tenía el
concejo de hacerse con ese caudal y liberarse de la bancarrota que le acechaba.
Dicho razonamiento se concretó en un plan de saneamiento de la hacienda local
que, al mismo tiempo, propiciaba el cumplimiento de los fines piadosos y
caritativos que Fernández Barba perseguía. Concretamente, acordaron:
-
Pagar el principal de la totalidad de los censos que estaban debiendo,
levantando así las hipotecas que afectaban a las rentas y propios del concejo.
Entre ellos estaba el que tenían establecido con las concepcionistas de
Guadalcanal.
-
Pagar los réditos, corridos o intereses atrasados.
-
Empeñar en favor de la obra pía la dehesa más extensa y productiva de las
concejiles, concretamente la del Encinal.
Y fue en este
momento y circunstancias descritas cuando momentáneamente cesaron las
relaciones financieras entre las concepcionistas de Guadalcanal y el concejo de
Llerena. Sin embargo, no duró mucho el distanciamiento pues, como ya hemos
adelantado, el concejo de Llerena también tenía deudas pendientes con la
hacienda real desde 1640. La documentación consultada sobre este particular nos
indica que dicha deuda se ajustó
definitivamente en torno a los 900.000 reales (81.818 ducados ó 30.600.000
mrs.), si bien, tras ciertas negociaciones consensuaron rebajarla a sólo
150.000 reales, más otros 41.814 reales que supusieron las dietas y gajes del
oficial de la contaduría mayor de hacienda que estuvo en Llerena ajustando la
deuda durante nueve meses[1].
Por lo tanto, nuevo agobio financiero para
Llerena, cuyos oficiales no dudaron un momento en dirigirse otra vez a las
monjas guadalcanalense para solventar la deuda con hacienda, una vez obtenida
la real facultad real que les permitiese tomar a censo 180.000 reales,
autorización que dio el rey sin ningún tipo de cortapisas, pues en ella le iba
el cobro de los 150.000 reales. Naturalmente, a falta de otro deudor más
solvente, las monjas prestaron a censo los referidos 180.000 reales,
reiniciándose sus relaciones crediticias con el concejo de Llerena, que no
cesaron hasta principios del XIX.
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Fuentes: las recogidas en las notas a pie de página
[1] Llerena, como la práctica totalidad de los concejos
santiaguista de su entorno, entre los que se encontraba el de Guadalcanal,
estaba fuertemente endeudado con la hacienda real en la novena década del XVII,
debiendo dinero desde hacía más de 40 años en las distintas tesorerías de los
numerosos servicios reales establecidos en este complicado y dilatado espacio
temporal (alcabalas, cientos, millones, servicios ordinarios y extraordinarios,
donativos, repartimientos, etc.) en el que, entre otros requerimientos fiscales
habían mediado el costoso intento separatista catalán (1639-59) y la durísima y
exigente guerra de liberación portuguesa (1639-68), con gran estrago y
requerimiento en el territorio extremeño.