Manuel Maldonado Fernández
Respecto
a la división provincial establecida en 1833 a instancias de Javier de Burgos, en realidad esta redistribución ya venía
proponiéndose desde fechas anteriores. En efecto, los políticos de principios
del XIX habían presentado sucesivos e improvisados planes de división
territorial. El primero, tras una propuesta
desarrollada entre 1801 y 1805, fue abordado en 1810 bajo el reinado
afrancesado de José Bonaparte, contestado a continuación por otra iniciativa
del gobierno constitucional de Cádiz en 1813, ambas sin tiempo para ponerse en
práctica por cuestiones militares y políticas. Tampoco llegó a cuajar el
intento liberal de 1822, ni el que se propuso en 1829 al amparo del Real
Acuerdo de 22 de Marzo, aunque este último sirvió de base para el definitivo
reparto de 1833.
Ahondando
algo más en esta cuestión, especialmente en lo que más nos atañe, el criterio de
división interprovincial que venían utilizando se fundamentaba en los
accidentes geográficos más notables (cordilleras y cuencas hidrográficas),
buscando, además, una distribución equilibrada en los aspectos de superficie,
riqueza y población, por encima de relaciones históricas[1],
por lo que en todas las propuestas citadas se establecía que Guadalcanal-Malcocinado y otros pueblos santiaguistas
(Azuaga, Fuente del Arco, Puebla del Maestre, Valverde, etc.) debían pasar a
Andalucía.
La división definitiva, tal como la conocimos antes de
entrar en vigor la
Constitución actual y el Estado de las Autonomías, empezó a
forjarse en 1829 (Real Orden de 22 de Marzo). Días después de su publicación,
acompañada de unos estudios cartográficos realizados en Madrid, la Real Orden fue remitida
a la Audiencia
de Cáceres para su ejecución, con la advertencia de que algunos aspectos
puntuales quedaban abiertos a las sugerencias o reparos que allí pudieran
establecer[2]. En lo que más nos atañe,
en la Real Orden
se contemplaba que ciertos pueblos de la zona más meridional de Extremadura
debían quedar incluidos en la nueva provincia de Sevilla, como eran los casos
de Azuaga y parte de su término, Fuente del Arco, Guadalcanal, parte del término de Montemolín, Puebla del Maestre y
Valverde de Llerena; es decir, el límite entre ambas regiones venía determinado
por el cambio de vertientes entre el Guadiana y el Guadalquivir. Con esta finalidad, en Cáceres se nombró a
don Juan Antonio Ortiz como comisionado para presidir los deslindes con la
nueva provincia de Sevilla, recibiendo órdenes expresas de recoger la opinión
de los pueblos extremeños que pusiesen algún reparo por pasar a depender de
Andalucía.
Según los datos recogidos por
el Sr. Ortiz, los pueblos extremeños afectados por el cambio de provincia, salvo Guadalcanal, manifestaron
su disconformidad, redactando el oportuno informe y asumiendo como propias las
quejas de dichos pueblos, como igualmente fueron asumidas por la Real Audiencia de
Extremadura. En realidad, aunque no tengamos constatación cierta, entre las
máximas autoridades extremeñas y andaluzas debieron llegar a ciertos
compromisos mínimos, consistentes en que Guadalcanal y su aldea de Malcocinado
pasarían a la nueva provincia de Sevilla y Fregenal y su entorno a la de
Badajoz, como así ocurrió, quedando el resto del territorio en la situación
anterior[3].
En la documentación que
se localiza en el Archivo Municipal de Guadalcanal, apenas se recogen datos
sobre este importante asunto. Es más, las pocas referencias localizadas al
respecto nos inducen a pensar que las autoridades locales le dieron poca
importancia.Así,
en el pleno celebrado el 6 de febrero de 1834 los oficiales guadalcanalenses
acordaron dirigirse a los subdelegados de fomento de las provincias de Sevilla
y Badajoz, pidiendo que se pronunciaran ante las noticias aparecidas en el
Boletín Oficial de la
Provincia de Badajoz, donde se daba por hecho que Guadalcanal
quedaba incorporado a la provincia de Sevilla. La respuesta llegó el 3 de
octubre siguiente, recibiendo un oficio del jefe del político de la provincia
de Sevilla, nombrando a los nuevos oficiales del Ayuntamiento en sustitución
de los nominados a primero de año desde Badajoz. En Guadalcanal, ratificando
la indiferencia considerada, se obedeció tal disposición, sin ningún
comentario, ni celebraciones, ni descontentos especiales, seguramente porque
la mayoría del vecindario estaba de acuerdo con incorporarse a Sevilla y a
Andalucía. Al menos esto es lo que se deduce de lectura de las Actas
Capitulares.
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