ÁLVARO DE CASTILLA, LAS CONCEPCIONISTAS DE GUADALCANAL

Manuel Maldonado Fernández  

Revista Guadalcanal año 2012

I.- INTRODUCCIÓN

Indianos, conventos y concejos representan tres eslabones que encadenados adecuadamente nos ayudan a comprender parte del funcionamiento de la sociedad durante el Antiguo Régimen, la mentalidad religiosa que lo presidía, la implantación y el desarrollo de la oligarquía concejil, así como la circulación del crédito privado. En el caso que nos ocupa nos centramos en un indiano guadalcanalense, Álvaro de Castilla, un convento de esta misma localidad, el de las Concepcionistas, y un concejo, el de Llerena en concreto, personaje e instituciones íntimamente ligados por cuestiones financieras desde principios del XVII hasta finales del XVIII.

Como es conocido, la emigración a India tuvo una extraordinaria repercusión en la Península, más allá del consecuente descenso de población. También es sabido que los indianos mandaron a nuestra Península parte de los ahorros generados en beneficio de sus familiares, algunos de los cuales lo utilizaron para ennoblecerse mediante la compra de oficios concejiles (regidurías, escribanías, alguacilazgos, alferezazgos…), dando paso a lo que ciertos autores llaman oligarquía[1] concejil de origen indiano. Es el caso, por ejemplo, de Guadalcanal, cuyo concejo quedó gobernado durante el XVII y XVIII por un cuerpo de regidores perpetuos, siendo la mayoría de sus capitulares descendientes de indianos locales. Así, apellidos como Ortega, Valencia, Carranco, Castilla, Morales,  Bonilla, Jiménez, Freire, Yanes, Ayala, Sotomayor, etc., son frecuentes en la nómina de regidores perpetuos de la villa a lo largo del Antiguo Régimen[2], gobernando el concejo y su hacienda según sus particulares intereses y en detrimento de los del resto del vecindario.

Pues bien, al margen de esta ayuda familiar, una buena parte del dinero generado por los emigrantes a Indias fue destinado para la fundación de capellanías, obras pías y conventos, a tono con la mentalidad religiosa de la época. Con dichas fundaciones, además de instituir ciertas obras de caridad (construcción y mantenimiento de hospitales, construcción de pósitos y su provisión de trigo, redención de cautivos, becas de estudio, dote para huérfanas pobres…) el fundador obligaba a la institución a perpetuar su memoria con misas y otros actos litúrgicos programados y propuestos en redención de su alma y la de sus antecesores y sucesores. Por ello, aparte de mandar el dinero preciso para el levantamiento de hospitales, capillas o conventos, añadían otra importante cantidad para mantener con dignidad a la institución fundada, incluyendo cláusulas en el documento de fundación para que dicho dinero se prestarse mediante censo a personas e instituciones solventes, con cuyos réditos se perpetuara dicha fundación, cumpliendo así sus fines.

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[1] Se entiende por oligarquía a la forma de gobierno en la que el poder queda restringido a un reducido grupo de personas.

[2] En la respuesta 28 al Catastro de Ensenada (1753) nos dan puntual relación de estos oligarcas locales, quienes, aparte sus tierras y ganados, aparecen involucrados en las actividades económicas más rentables, según se aprecia en otras respuestas al referido Ca­tas­tro. Se trataba de Nicolás de Ortega y Toledo, como alférez mayor perpetuo, y de 13 regidores perpetuos más: don Francisco de Castilla y Miranda, don Andrés Ortega Ponce de León, don Ignacio de Ortega Ibarte, don Cristóbal González Zancada, don Cristóbal Jiménez Caballero, don Diego Jiménez Caballero, don Francisco de Cavanilla y Monsalve, don Agustín Javier de Morales, don Diego Maeda de Otayo, don Pedro de Heredia, don Francisco Benero y Don Alonso López. Aparte los referidos, existían otros regidurías perpetuas cuyos dueños no lo ejercían. Son los casos de don Juan Jiménez Canalo (presbítero), don Diego de Cavanilla (clérigo de menores), don Cristóbal de Arana Sotoma­yor, don Francisco de Fuentes Freire, don Alonso Yañez de la Calva (presbítero), don Diego Gálvez Rubio, don Melchor de Ayala y Sotomayor (veedor y obrero mayor de los edificios propios de las encomiendas de la provincia de León de la Orden de Santiago), don Luis Hidalgo (clérigo de menores) y don Melchor de Cabrera (presbíte­ro). En 1791, según la segunda respuesta al Interro­gatorio, sólo los dueños de cuatro de estas regidurías perpetuas utilizaban sus oficios.