Manuel Maldonado Fernández
Revista de Guadalcanal año 2013
Pero la crisis asentada en los reinos peninsulares de la monarquía
hispánica no parecía tocar fondo en 1669. Especialmente
complicada fue la década de 1677
a 1687, estimando Kamen que “1680 fue desde todos los puntos de vista el año fatal
del reinado de Carlos II, desgranando las desgracias que se sucedieron: tres
años de malas cosechas y sequía, hasta mayo en que los cielos se abrieron, pero
tan inmoderadamente al fin, que en septiembre las lluvias se convirtieron en
temporal”[1], aparte
del brote pestilente (peste bubónica) que por estas fechas circulaba por la Península , estrangulando
aún más su economía. Domínguez
Ortiz[2] ha profundizado
en el estudio de la crisis cerealista de la década citada, centrándose en la España meridional. Según
los datos climatológicos que maneja, la primavera de 1677 fue
extraordinariamente lluviosa en Andalucía, arruinando la cosecha de cereales y
teniendo necesidad sus naturales de aprovisionarse de granos en Extremadura,
provincia donde, a cuenta de la excesiva extracción o saca de granos con destino
a Andalucía, el precio de la fanega de
trigo se incrementó desde 15-20 reales hasta 130. Le siguieron dos años
agrícolas secos y de escaso rendimiento cerealista (1677-78 y 1778-.79), y
otros dos normales (1679-80 y 1680-81), que no fueron suficientes para
almacenar y afrontar con provisiones la extraordinaria sequía de las campañas
de 1681-82 y 1682-83. Se remató la década con dos ciclos tan lluviosos que
asfixiaron las cosechas (1683-84 y 1684-85), siguiéndole después otros tres de
escasa pluviometría[3].
El punto de inflexión en esta larga crisis o primeros brotes verde,
como ahora se dice, no apareció hasta finales del siglo, favorecido por la
política fiscal y militar menos agresiva desarrollada por los consejeros de
Carlos II. Y fue precisamente en estos últimos años del XVII cuando el convento
pudo recuperar parte de las deudas correspondiente a los réditos de los censos
que tenía impuestos. Así:
-
Para resarcirse de los
réditos atrasados que le estaba debiendo el concejo de Guadalcanal, en algún momento
convino con sus oficiales el empeño de la dehesa del Encinal, importante dehesa que el convento administró directamente
hasta liquidar la deuda correspondiente a los réditos atrasados.
-
En cuanto a los deudores
particulares, siempre que fue preciso el convento participó en el concurso de
acreedores correspondiente y en la liquidación de bienes del deudor,
recuperando lo que podía de lo que quedaba de hacienda del deudor.
-
La situación más complicada
y perjudicial para los intereses del convento fue la recuperación de la deuda
del concejo de Quintana, cuya hacienda quebró de forma irreversible a mediados
del XVII, nombrando inicialmente la Real Chancillería
de Granada un administrador judicial, que cesó en sus funciones una vez que el
fisco de la Inquisición
de Llerena tomó cartas en el asunto. Para ello, el Tribunal llerenense llegó a
acuerdos particulares con cada uno de los acreedores de este concejo
alcantarino de la Serena ,
quedando así con manos libres para administrar con plena libertad sus bienes de
propio y rentas, administración que mantuvo hasta a finales del XVIII, cuando
recuperó la totalidad del dinero empleado en este negocio. Al parecer, el
convento sólo sacó de esta negociación con el fisco de la Inquisición de Llerena
1.961.222
mrs., los mismos que inmediatamente prestó a censo al concejo de la Granja de Torrehermosa en
1699.
A simple vista pudiera parecer que el decente mantenimiento de las
22 mojas acogidas en su claustro pasaría por dificultades en esta prolongada
crisis del XVII. Sin embargo, no fue así pues, como suele ocurrir en tiempos y
aguas revueltas, el poderoso convento logró incrementar considerablemente su
patrimonio, sin que por ello padeciesen sus monjas necesidades de ningún tipo[4].
En efecto, por un memorial de bienes y renta elaborado en 1719, se demuestra
que el patrimonio estaba saneado e, incluso, era más cuantioso que el recibido
del patrón fundador un siglo antes[5].
En dicho memorial se resumen las actividades financieras del convento y sus
sucesivos administradores, orientadas en su mayor parte al empréstito público, con
preferencia a la inversión inmobiliaria. En efecto, por este documento y otros
relativos a la contabilidad anual, detectamos que las monjas preferían la
claridad y simplicidad administrativa del dinero prestado a censo, frente a la
eventual circunstancia de rentabilizar los bienes inmuebles (fincas rústicas y
urbanas) que, en cualquier caso y dado su doble condición de religiosas y
mujeres, debían dejarlo a la buena fe y en las manos interesadas de arrendadores
y administradores. Por ello, siempre que podían las monjas se deshacían de los
inmuebles que recibían en forma de dote o por liquidación de bienes de sus
deudores, cuando las haciendas de estos quedaban sometidas a lo estipulado en
la ley concursal en vigor[6].
[1]
KAMEN, H. La España
de Carlos II, Barcelona, 1981.
[2]
DOMÍNGUEZ ORTIZ, A. Crisis y decadencia
en la España
de los Austria, Barcelona, 1973.
[3]
En los archivos municipales de pueblos como Azuaga, Llerena, Valverde o Guadalcanal
disponemos de datos pormenorizados sobre la crisis cerealista referida,
especialmente centrados en 1678. Es más, sabemos que en dicha crisis tuvieron
una extraordinaria incidencia los arrieros de Valverde, ocupados en sacar trigo
de Extremadura hacia Andalucía. Véase MALDONADO FERNÁNDEZ, M. “Los arrieros de
Valverde de Llerena y la crisis del trigo en 1678” , en Revista de Feria y Fiestas, Valverde de
Llerena, 2011.
[4]
Así se demuestra leyendo distintos documentos contables del convento, en los
que la abadesa de turno rendía cuenta del dinero recibido del administrador,
justificando la compra de alimentos y otros efectos necesarios para la
comunidad.
[5]
AGAS, Sec. Justicia-Ordinario, leg. 3717, doc. 1: El convento del Espíritu
Santo contra Francisco de Maeda, su patrón-administrador, por diferencias
contables.
[6]
Nos referimos al reparto de los bienes de determinados hacendados entre sus
distintos acreedores, circunstancia en la que el convento se vio envuelto en
varias ocasiones, como uno de los acreedores del hacendado arruinado.
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